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Las políticas energéticas y ambientales de Panamá se vuelven a cruzar en el proyecto de la interconexión eléctrica con Colombia. Los responsables de esta idea prometen utilizar técnicas de construcción nunca antes aplicadas en el país, incluyendo helicópteros para armar las torres en la selva, a la vez que incorporarían nuevas tecnologías para reducir la pérdida de energía, que el uso de 510 kilómetros de cables y torres implicarían normalmente. La decisión para nuestro país no es tan clara. ¿Nos conviene hacer este proyecto y arriesgarnos a una mayor apertura a la frontera? ¿Son los 400 MW provenientes de Colombia más eficientes que nuestras propias fuentes de producción, que ya tienen un excedente de 900 MW? ¿No será más rentable invertir en eficiencia y ahorro energético? ¿Tenemos la capacidad institucional de vigilar y fiscalizar las consecuencias e impactos de esta iniciativa? Son demasiados cuestionamientos a resolver en muy poco tiempo y, sobre todo, si las respuestas dependen de las mismas autoridades del sector eléctrico y ambiental que ya nos fallaron anteriormente. Quizás sea razonable pedir un referéndum para que la ciudadanía dé su opinión.