hoyporhoy

Una vez más, una empresa gana una licitación con el Estado y vende su contrato a un tercero en perjuicio de todos los panameños. Las autoridades nos prometen que la próxima vez se pedirán fianzas para garantizar que se construirán las obras adjudicadas a la compañía ganadora. Como si la acumulación de adendas, contratos cuestionables y otros actos públicos indeseables que se dieron en los últimos cinco años no fueran suficientes, los burócratas y los políticos insisten en darnos estas malas noticias. La nueva Ley de Contrataciones Públicas es de urgencia notoria. No debe haber pretextos ni excusas para seguir alegremente despilfarrando y regalando los impuestos que pagamos todos. La paciencia ciudadana se agota, ante la sospecha de que a los servidores públicos no les interesa gestionar responsablemente el patrimonio del Estado. Los fiscales y auditores deben poner la lupa sobre el negocio de la energía, para hacer responsables tanto a funcionarios como a empresas, que quieren seguir jugando con la dignidad de nuestro país.