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La pandemia de la corrupción sigue amenazando a todos los gobiernos de nuestra América, sin distingos de ideologías. Con el liderazgo de medios de comunicación independientes, de una fiscalía autónoma y la colaboración efectiva de las Naciones Unidas en el combate a la impunidad, importantes figuras del gobierno del presidente de Guatemala, incluyendo al propio jefe de Estado, están bajo investigación por el escándalo de corrupción aduanera. El procurador de los Derechos Humanos afirmó que “Guatemala es un Estado fallido”. Esto debe entenderse como el final de la hora del populismo de izquierda o de derecha que tanto daño ha hecho. Las secuelas políticas y sociales están a la vista en forma de la gran pobreza y desigualdad en que vivimos en la región. La clase política -ya sea en funciones de gobierno, actuando como oposición o beneficiándose de un autoexilio en el exterior- debe entender que para el bien común y el futuro se necesita que se aplique la justicia igual para todos, como condición para enrumbar a nuestros países hacia el auténtico desarrollo humano.