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En 2008 se aprobó la ley por la cual se inició la transformación de la justicia criminal en Panamá, de un modelo arcaico y burocrático hacia un paradigma garantista y eficiente, denominado sistema penal acusatorio. El país ha tenido siete años para prepararse, provincia por provincia, a fin de implementar la nueva legislación. Sin embargo, la improvisación ha llevado a que en el caso de Chiriquí la sede de este sistema ocupe las instalaciones de la Cadena de Frío. Aunque “temporal”, esto nos indica que el proyecto de refrigeración de alimentos no tiene futuro, y el de renovación de la justicia carece de planificación y de presupuesto. En la nación de las generosas adendas y de los costosos desfiles de Navidad, el Estado debe mendigar edificios con una vocación y usarlos para otra. Así, un antiguo hospital psiquiátrico y una clínica veterinaria son la sede principal del Ministerio de Educación. Otro nosocomio, adaptado, alberga a la Corte Suprema de Justicia. La oficina principal de la Dirección de Investigación Judicial y la cárcel de Colón operan en lo que fueron lavanderías industriales. La cultura panameña rechaza la planificación y la organización apropiada de los asuntos de Estado, pero improvisando no nos gana nadie.