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El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido designado por el pleno de dicho órgano del Estado como magistrado–juez de garantías para el caso relativo al expresidente de la República y su presunta vinculación con Financial Pacific. Al efectuar esta designación, sus colegas debieron advertir que el magistrado presidente de la Corte debió ser recusado del conocimiento de este caso. Las razones son muy obvias: fue beneficiado por el expresidente de la República con el nombramiento como procurador general de la Nación y posteriormente como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, la principal testigo del caso Financial Pacific lo ha mencionado como participante en las presiones que ella recibió para que se retractara de su declaración original, y de esta forma se beneficiara presuntamente al expresidente de la República. Si a los miembros de la Corte Suprema esta situación no fue suficiente para justificar la recusación, entonces el propio magistrado tenía todos los motivos y la obligación de ceñirse al artículo 50 de la Ley 63 de 2008, porque precisamente los ciudadanos tenemos un “un temor fundado de parcialidad” en su actuar. Señor magistrado, todavía usted está a tiempo de evitar que este drama judicial se transforme en una tragedia política y en una mancha imborrable para su reputación y la historia del poder Judicial.