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El rey Luis XIV de Francia afirmaba que “en Dios y no en el pueblo está la fuente del poder”. Esta frase demuestra que la razón de la religión es absoluta, no admite cuestionamientos y por lo tanto es un dogma. La democracia es falible, sujeta a críticas y a mejoramiento permanente. Ambas no son compatibles como fórmula de gobierno, de allí la necesidad de separar al Estado de la Iglesia. Nuestra tradición constitucional ha establecido que todas las religiones, e incluso la negación de estas, tienen espacio dentro de la sociedad. La fe de nuestros gobernantes es parte innegable de sus biografías personales, pero la imposición de su virtud a los gobernados transforma en hipócritas a los ciudadanos que buscan obtener favores del poder, o peor aún, convierte en demonios a quienes osan cuestionarles. Existe un enorme retraso ocasionado por razones religiosas en nuestras políticas públicas, afectando desde los temas de salud sexual y reproductiva hasta el combate a la corrupción. Panamá no se puede permitir que los dogmas secuestren el Estado laico. Si la religión es el fundamento de la acción de gobierno, entonces estamos muy cerca de la creencia de que “El Estado soy yo”.