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En su acusación contra el diputado del Parlamento Centroamericano y expresidente de la República de Panamá, el magistrado fiscal de la causa de los pinchazos destapa el lado tenebroso del poder absoluto con que se nos gobernó. Esto no es causa de celebración, sino por el contrario, debe ser motivo de una profunda reflexión porque las instituciones, las burocracias y las complicidades, que hicieron posible el asalto a la razón y al Estado de derecho, siguen intactas. Ahora, como corresponde, la ciudadanía debe velar para que al acusado se le respeten todos sus derechos, pero también debemos evitar todos los intentos de burlar a la justicia, de presionar a los testigos, de dañar pruebas, o de crear crisis o problemas sociales para distraer la atención. Hacer justicia en este país no es nada fácil. Recién estamos haciendo los primeros intentos. El Gobierno todavía está a tiempo de dotar al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y al Poder Judicial, de los recursos adicionales que necesitan para estos tiempos extraordinarios. La lucha contra la impunidad requiere que todos seamos auxiliares de la justicia. Esa es nuestra obligación ciudadana, y nuestro derecho como panameños.