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No hay sorpresa. Se descubre otro escándalo del gobierno anterior. Cobranzas del Istmo, S.A. fue utilizada para que el expresidente, su familia y sus allegados fueran parte del lucrativo mundo de las hidroeléctricas. Aparentemente, todos los asuntos de Estado se convirtieron en oportunidades de negocios para el capo y su camarilla. Incluso, no tuvo escrúpulo alguno para inicializar a sus hijos en sus turbios negocios con el Estado. Ahora se explica la urgencia de la “ley chorizo”; por qué había que menoscabar la extinta Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio Público y la sociedad civil organizada. Si las políticas públicas se convirtieron en fuentes de ingresos, aquellos que se opusieron a estas –ya fueran políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios o indígenas– eran una barrera que debía ser neutralizada para obtener las máximas ganancias. La minería a cielo abierto, la destrucción de manglares y bosques y la especulación con los ríos del occidente de Panamá son parte del terrible legado de corrupción que nos corresponde enmendar. Primero, necesitamos que los fiscales y jueces hagan su trabajo; y luego, debemos recuperar los bienes de todos.