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El acto de petición de perdón a nombre del Estado, hecho ayer por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, al cumplirse 30 años del asalto guerrillero y retoma militar del Palacio de Justicia de Bogotá, lleva a la reflexión sobre lo que ocurre cuando la fuerza eclipsa el Estado de derecho. Era un tiempo turbio, de instituciones débiles, y la creciente corrupción del narcotráfico, se decía, había motivado en parte el asalto insurgente. Lo cierto es que el Estado, en sus expresiones civiles y militares, faltó a su deber de proteger la vida. Unos por omisión, otros por excesos y hasta por crímenes de lesa humanidad. La justicia fue lenta y en todos estos años hizo poco por esclarecer los hechos. Tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que pronunciara una clara sentencia condenatoria el año pasado contra el Estado colombiano para propiciar el acto de ayer, no carente de importancia, pero sin duda tardío y aun incompleto. Cuando Colombia está intentando concluir por primera vez con aparente éxito un proceso de paz que podría poner fin a medio siglo de conflicto interno, saber la verdad de lo ocurrido es indispensable. El ejemplo del vecino país es pertinente para Panamá, donde ya sabemos lo que el poder militar hace cuando fallan las instituciones, cuando fracasa el Estado de derecho, cuando la ley es reemplazada por las fuerzas de hecho. La democracia es una frágil criatura que requiere cuidado constante por parte de todos los ciudadanos. Hechos como estos no pueden repetirse nunca más.