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En la Edad Media, a los privilegios concedidos por los reyes a ciertas personas se les denominó fueros. En Panamá, a pesar de que están prohibidos por la Constitución Política, estos siguen vigentes y se han convertido en el cáncer del Estado de derecho. Desde los abusos cometidos por un partido político para impedir o retrasar las acciones de la justicia en contra de sus miembros, hasta el indigno uso del cargo de directivo de la Autoridad del Canal de Panamá para evadir al Ministerio Público, los fueros nos ofenden e insultan. No tiene lógica que en una democracia, la Corte Suprema de Justicia se niegue a derogar la “ley blindaje”, a la vez que rehúsa actuar decididamente contra uno de los más siniestros personajes que ha tenido el país. Tampoco tiene sentido que la Asamblea Nacional insista en incubar nuevos privilegios promulgando superblindajes. ¿Será que nuestra clase gobernante se considera así misma por encima de la ley? Si esto es así, sus miembros son unos forajidos. La nación debe repudiar los fueros, los blindajes y la impunidad, porque se han convertido en la mazmorra de la esperanza y la decencia.