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La Ley 55 de 2012 estableció un criterio excepcional y exclusivo para la investigación penal de los diputados. Esta norma se transformó en un blindaje que restringía el tiempo de las pesquisas a dos meses, con la posibilidad de obtener un mes adicional, si así era aceptado por un juez de garantías. En contraste para un panameño común, que paga los salarios de los diputados con sus impuestos, el término simple es de seis meses. El pleno de la Corte Suprema de Justicia ha demorado varios años para derogar el fuero del plazo reducido, que favorecía a todos los miembros de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. El fallo tiene efecto retroactivo para el caso de la comida deshidratada que se le sigue al expresidente de la República, ya que fue en esta causa penal que el magistrado Oydén Ortega interpuso una advertencia de inconstitucionalidad. Todavía le queda al tribunal supremo desmantelar el caparazón de la prueba sumaria, y de esta forma devolverle al Estado de derecho una de sus piedras angulares: la igualdad de todos los ciudadanos, incluyendo a los diputados, ante la ley y los tribunales.