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Que una persona muera de hambre en Panamá cada año debería ser un escándalo nacional y un martillazo a la conciencia de cada uno de nosotros. Ciertamente, en el último cuarto de siglo el país del pomposo crecimiento económico, de los rascacielos, del indispensable Canal y de los millonarios gastos en entretenimiento y juegos de azar, ha reducido -según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- los problemas de alimentación insuficiente al pasar de un 25.4% a 9.5% de la población total. Eso es un avance. Pero el hambre sigue ahí, con sus desastrosas consecuencias. Y en Panamá no una, sino alrededor de 90 personas por año mueren a causa de este flagelo, especialmente niños menores de cinco años. Duele más saber que toneladas de alimentos se desperdician. Por ello, iniciativas ciudadanas como el Banco de Alimentos de Panamá, que recoge de forma organizada y segura la comida que otros desechan, requieren el respaldo de todos, en especial, del Estado. Sobre todo si sus prioridades van dirigidas al corte de cintas y no a la solución de los problemas fundamentales del país.