hoyporhoy

En 1922, Clara González se convirtió en la primera abogada panameña. Cuando recibió su título, ninguna mujer podía ejercer el Derecho, firmar un contrato o defender a un cliente. Junto a un grupo de hombres solidarios y otras mujeres profesionales, ella empezó una campaña de incidencia y de cabildeo para que las cosas cambiaran para las mujeres en el país, logrando que presidentes de la República de distintos talantes, como Belisario Porras, Ricardo J. Alfaro y Arnulfo Arias, apoyaran su causa. En una ocasión, Arias la invitó a formar parte de su gobierno diciéndole: “Clarita, con su intelecto y mi poder podemos cambiar este país”. González seguramente podía ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia o presidenta de la República, no por ser mujer, sino por su trayectoria extraordinaria y su destacada inteligencia. Hoy, el poder Ejecutivo elaboró una lista de 10 aspirantes para cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Con un criterio de equilibrio, según la perspectiva de género, se designaron cinco hombres y cinco mujeres para entrevistas en la Comisión de Estado por la Justicia y ser evaluados por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Aunque el Presidente y el Consejo de Gabinete serán quienes nominen a los profesionales del Derecho que deberán desempeñar las magistraturas por los próximos 10 años, es justo acotar que la designación no se puede fundamentar en cuotas de espacios para las mujeres, sino en los criterios de integridad, ética y competencia profesional. Así, si los mejores postulados son dos hombres, entonces que les corresponda tales oportunidades para ser magistrados. Si quienes poseen las mejores calificaciones morales y profesionales son dos mujeres, que así sean consideradas para estos nombramientos. Garantizarle a un grupo o a otro una silla en la Corte Suprema de Justicia no corresponde al concepto de meritocracia que los panameños nos merecemos. Panamá debe estar por encima de las cuotas de cargos, para valorar en su lugar a cada hombre y mujer, no por el color de su piel, su religión, su clase social o su género, sino por el contenido de su carácter, la decencia de su ejercicio profesional y su compromiso con los valores de la transparencia y de la democracia. Clara González luchó para que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades y no fueran discriminadas por ser hombres o mujeres.