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La Asamblea Nacional se apresta a considerar la ratificación de los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia. No se trata de ver si los candidatos cumplen con las formalidades de la ley: ser panameño, haber cumplido 35 años de edad, ser abogado y haber ejercido el derecho durante 10 años como mínimo y el pleno goce de derechos políticos y civiles. Es mucho más que eso. Si pretenden cumplir su deber como diputados, deben examinar muy bien sus credenciales, investigar su pasado y presente, ser acuciosos en detalles referentes a su talla moral, a la verticalidad de la actuación en su vida profesional pública y privada. Si bien es cierto que las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportes en esta dirección, eso no exime a los diputados de las responsabilidades que les asignan la Constitución. Esta decisión en particular es de las más delicadas, tomando en cuenta la poca credibilidad de nuestro sistema judicial, así como el rumbo zigzagueante y errático de la justicia, cuya institucionalidad siempre ha estado a la venta al gobernante de turno. Señores diputados: ustedes deben estar conscientes de que pueden marcar un antes y un después con estos nuevos nombramientos.