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La Junta de Resolución de Conflictos es un ente arbitral creado dentro de los acuerdos para la construcción del tercer juego de esclusas para atender conflictos entre las partes. Este tribunal decidió el 31 de diciembre que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debía pagarle a Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio constructor de la ampliación, la suma de 17.5 millones de dólares por los impactos causados por las paralizaciones laborales de 2014. La ACP ya indicó que cumplirá con esta obligación, mientras que su contraparte lo divulga como una gran victoria en sus reclamos contra el Canal de Panamá. Sin embargo, no se menciona los perjuicios causados a Panamá por las tardanzas no atribuibles a la ACP, las filtraciones de las compuertas y las nuevas esclusas, o una pluralidad de temas en los que el consorcio guarda silencio. La ACP debe finalizar con el negocio de los reclamos de GUPC y la propaganda contra Panamá. Mientras que los líderes del Canal le deben al país devolvernos la tranquilidad sobre la buena marcha de la vía interoceánica.