hoyporhoy

El Canal de Panamá es una empresa de todos los panameños. El principal activo del país y un símbolo de la historia y las luchas que conformaron la nación a lo largo de varias generaciones. Las preocupaciones en torno a la vía son legítimas para todos los ciudadanos, y entre estos, los diputados de la Asamblea Nacional, que como integrantes de ese órgano del Estado, tienen derecho a pedir cuentas de lo que ocurre allí y del uso de los dineros que produce, que constituyen, además, una de las principales entradas del Estado. Legítimo es el cuestionamiento por los constantes atrasos de la obra de la ampliación y el cumplimiento del contratista. Lo que es inaceptable es que ese debate legítimo se transforme en el triste espectáculo de la politiquería, de que este ejercicio de cuestionamiento se convierta en tarima para maniobras de luces cortas e intereses mezquinos, de descalificaciones, irrespeto y acusaciones sin pruebas. Panamá ha apostado en buena parte su futuro al Canal ampliado, por lo que aprovecharse de esta situación es reprochable.