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La delicada crisis que vive el país, producto de la falta de lluvias, ha generado en la sociedad numerosos debates. Aun cuando la responsabilidad de garantizar la existencia de fuentes acuíferas saludables y el suministro de agua potable recae en el Estado, como sociedad tenemos la obligación de reconocer que los tiempos de escasez requieren de una evaluación profunda de nuestras prioridades y valores, y de ser necesario, de un cambio drástico de nuestras costumbres. A pocos días de los carnavales algunos sectores, contra todo razonamiento lógico, apoyan que haya mojaderas. Esa actuación, más que provocar repudio, nos obliga a hacer una reflexión dolorosa sobre la cultura panameña: somos indolentes ante el bien común. Aplaudimos a los alcaldes que han sabido priorizar la gravedad de la crisis y han decidido suspender los culecos en sus regiones. El servicio público debe reconocer que aquellos que tienen más poder, tienen más responsabilidades y en particular, la de cuidar nuestro futuro. En esta ocasión le toca también a la ciudadanía entender que así como exige derechos, no puede ignorar sus deberes. Urge, de una vez por todas, afrontar que la crisis del agua le atañe a todos los ciudadanos del país.