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Las siete Fiscalías Superiores Anticorrupción han asumido la tarea de cambiar la cultura política y empresarial del país, para demostrar que el crimen no paga y que existe la certeza del castigo. En el marco de las limitaciones que les impone el Código Judicial, y la carencia de personal y recursos financieros, estos funcionarios se han vuelto objeto de enormes presiones y de ataques ante la opinión pública, de familiares de los imputados, de poderosos consorcios de abogados defensores y hasta de especialistas en comunicación e imagen, que han tratado de arrinconarlos señalándolos como arbitrarios y selectivos. Los esfuerzos y los riesgos de estos funcionarios, en su mayoría mujeres, que se han jugado en esta misión su reputación, honra, carrera y entorno familiar, no parecen estar acompañados en igual medida por el poder judicial. Su tarea trasciende lo coyuntural y se encamina por el sendero del afianzamiento institucional y el cumplimiento de la justicia contra una cultura que a menudo, en la práctica, la niega. El país debe apoyar a estos servidores, solo así lograremos rescatar a la sociedad del abismo de la corrupción.