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La cultura de la corrupción sigue latente en Panamá. Así lo demuestran los 11 funcionarios del actual gobierno que están siendo investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos. Al tiempo que 50 empresas son objeto de pesquisas por evasión fiscal. A pesar de la persistencia de los políticos y empresarios en continuar con las prácticas deshonestas, un germen de institucionalidad se percibe en quienes están encargados de conducir estas pesquisas. La administración de justicia, en sus diferentes esferas, debe garantizar que ante las contrataciones públicas amañadas, la división de materia, el nepotismo y los conflictos de intereses, impere la certeza de un castigo ejemplar, solo así se podrán enmendar los errores del pasado. No obstante, el gobierno debe actuar con prudencia y fundamento evitando que sus decisiones se conviertan, a su vez, en un arma política contra sus adversarios. Que nunca más el Estado vuelva a ser utilizado por la clase política para su propio beneficio y el de sus compinches. Los panameños exigimos gobernantes honestos cuyo legado se fundamente en la institucionalidad y el respeto a la ley y no en el lastre de su negligencia en la defensa del Estado de derecho y la democracia.