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Si algo nos quedó muy claro de la administración de Ricardo Martinelli es que las leyes, reglamentos y normas de contratación pública fueron torcidas hasta el límite, lo cual permitió el derroche de dinero que hoy todos lamentamos. Parece increíble que esta administración se encuentre cómoda con la regulación existente en esta materia, ya que en 20 meses aun no ha presentado una iniciativa de reforma para impedir que se continúe fiestando con nuestros impuestos. Es indignante que el Estado siga sin contar con los instrumentos legales que le impidan hacer pactos con compañías o empresarios a los que les fueron dados contratos o les compraron productos y servicios sin competencia alguna a precios exorbitantes, que estafaron al Estado vendiéndole productos defectuosos o inservibles e, incluso, sin que hubiese un servicio o mercancía a cambio. Nada impide que estos sinvergüenzas sigan obteniendo réditos a través de sus empresas mediante procesos acelerados cuando enfrentan procesos legales por estas prácticas. Ya es hora de que esta administración reforme la Ley, obligue a devolver el dinero mal habido y prohíba su participación en actos públicos.