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Esta semana los panameños fuimos testigos del funcionamiento del sistema penal acusatorio, aplicado a dos empresarios de alto perfil. En las audiencias celebradas en el interior de la República, se les respetaron todos los derechos y oportunidades de defensa a los implicados. En contraste, la Corte Suprema de Justicia ha demostrado su falta de voluntad para avanzar con los procesos del diputado del Parlacen y expresidente de la República, Ricardo Martinelli. En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue conducido a rendir una declaración sobre el caso Petrobras y, después de tres horas de interrogatorio, fue liberado. En Panamá, no hemos tenido la oportunidad de presenciar ese tipo de actuación por parte de nuestra justicia, lo que nos deja un mal sabor de boca y levanta terribles sospechas. Si en Penonomé y Santiago se puede, ¿por qué no en las faldas del cerro Ancón? El debido proceso implica rendir cuentas a los tribunales y tener la oportunidad de presentar las pruebas que acrediten la inocencia de los acusados. El que nada debe, nada teme.