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El proyecto de ley 305, que modifica al maltrecho régimen de contrataciones públicas, es insuficiente para prevenir un nuevo saqueo al erario. Ingenuamente, la propuesta establece como causal de exclusión de postores, la condena en Panamá del presidente o de un alto directivo de una transnacional. Esto es risible, no solo por el comportamiento de nuestro sistema de justicia, sino porque ignora la realidad de que en casos de corrupción internacional, muchas corporaciones y sus ejecutivos hacen acuerdos con las autoridades a cambio de evitar condenas. Con toda la experiencia acumulada de fiscales, contralores y de los especialistas internacionales, sería justo suponer que la nueva legislación fuera más sofisticada, evitando la participación de contratistas dudosos, restringiendo la concentración de obras gubernamentales en manos de una sola empresa o consorcio, y obligando a pactos de integridad que rompan el círculo vicioso del sobrecosto y la coima. Una nueva Ley de Contrataciones debe liberarnos de la cultura de la trampa, y lamentablemente, el proyecto 305 está muy lejos de cumplir esa tarea.