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El pasado año, la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional fue capaz de darnos una gran esperanza con la investigación y juzgamiento del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después de semejante expresión de institucionalidad, esperábamos que el trabajo de los padres de la Patria en materia de justicia continuara al mismo ritmo. En su lugar, los diputados de todas las bancadas han dado muestras de desinterés hacia la delicada tarea de sanear a nuestro máximo tribunal de justicia. La excesiva demora en tramitar las denuncias contra los magistrados, genera en la opinión pública la incómoda sospecha de que existe un pacto de no agresión entre el poder judicial y el poder legislativo. Panamá no podrá desarrollarse mientras tenga una justicia corrupta, cargada de conflictos de intereses, y sometida a los designios de la política clientelista y del mejor postor. La responsabilidad por un mejor país recae ahora sobre la comisión de Credenciales del Órgano Legislativo. No olvidemos sus nombres y rostros, porque ellos han determinado la clase de país que somos, y de esta forma han ahogado las aspiraciones de todos los panameños.