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La justicia comunitaria de paz es una propuesta necesaria para nuestro país. Su implementación desarrollaría la solución de controversias con el uso de mecanismos alternos de resolución de conflictos. En otros países se prefiere que las personas resuelvan equitativamente sus disputas sin dañar sus familias ni afectar sus trabajos o negocios. En Panamá, la justicia administrativa lleva años estancada con los corregidores y jueces nocturnos de policía, quienes solo entienden su función como imponer multas y enviar inquilinos a las prisiones. Los padres de la patria no han dado su respaldo a esta iniciativa, porque pretenden aprovechar estos puestos para nombramientos políticos. Esto es darle la espalda al país en los grandes temas de la justicia. Nuestro sistema judicial ha de adaptarse a las necesidades de la sociedad, y los diputados deben asumir su rol y debatir este tema con la debida seriedad. Esa es su responsabilidad.