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Panamá ha venido postergando la reforma penitenciaria por más de 13 años. El hacinamiento, la falta de servicios médicos y psicológicos, la carencia de una política de reinserción y la ausencia de una carrera penitenciaria son los eslabones más débiles de un sistema caduco y desfasado. Con una población penitenciaria de 17 mil 137 personas, el sistema no soporta la continuación de la desidia y la falta de atención por parte de las autoridades. La reforma que promueve el Ministerio de Gobierno está orientada a recuperar el tiempo perdido en el que un sistema de justicia ineficiente ha sido agravado hasta el límite. La ola de criminalidad que sacude el país no produce mucha simpatía hacia los privados, incluyendo aquellos que están injustamente detenidos. La reforma es urgente para así lograr transformar los 22 centros de reclusión del país en puentes hacia una convivencia social positiva, dejando de lado las dantescas mazmorras que son en la actualidad. La reforma es el único camino hacia una sociedad más justa. ¡Esperemos sea apoyada y no politizada!