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El gobierno del llamado “socialismo del siglo XXI” de Rafael Correa en Ecuador empieza su último año con un balance negativo. No cabe duda que en materia de educación y de salud, los dos flancos más débiles de las democracias latinoamericanas, el Gobierno de Ecuador tuvo importantes avances. Sin embargo, el aumento del endeudamiento, los numerosos conflictos con campesinos e indígenas para favorecer la intensificación del extractivismo, y la disminución desmesurada de las libertades públicas, en particular las libertades de expresión e información, colocan al régimen de Correa en la escala más alta del autoritarismo latinoamericano. Como era de esperarse, la autonomía del poder judicial y del poder legislativo son inexistentes, y las decisiones significativas de estos órganos del Estado son tomadas por el poder ejecutivo en forma abierta y descarada. El legado de Correa es el de un país dividido, institucionalmente débil, y socialmente cargado de necesidades postergadas por la incapacidad de su gobierno de dialogar con todos los sectores. El socialismo del siglo XXI terminó pareciéndose al caudillismo del siglo XIX.