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La auditoría parcial a los organismos que depositaron fondos a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) ha revelado un conjunto de prácticas irregulares en compras, pagos y contrataciones. La Contraloría General de la República reconoce que las autoridades universitarias no cooperaron con las pesquisas, por lo que solo se pudo enfocar en lo ocurrido entre los años 2011 y 2014, a pesar de que la Fudep existe desde 1995. No hay excusa para lo ocurrido, el comportamiento errático y de paños tibios del propio contralor, que indicó inicialmente que había completa colaboración para luego comunicar que no la hubo, deja el sinsabor de si realmente existió la voluntad de llegar hasta el fondo en este asunto. Este es el peor mensaje que puede enviar la institución encargada de tutelar el uso de los fondos del Estado. Si la Fudep representó un desafío políticamente sensible para la Contraloría, ¿qué se puede esperar de las investigaciones sobre Odebrecht? La tarea de proteger el patrimonio de todos requiere que no haya acciones de medias tintas, ni complicidades institucionales. Es un derecho fundamental de los panameños conocer la verdad sobre la gestión de los bienes del Estado.