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El resultado de la investigación realizada por decenas de medios de comunicación a nivel internacional, abre nuevamente la discusión sobre las debilidades que presentan las regulaciones en la industria financiera offshore en las diversas jurisdicciones, incluida la de Panamá. Ante esta realidad, también es imperativo verificar la capacidad de los organismos reguladores para supervisar que los proveedores de estos servicios cumplan las leyes y que no deslegitimen un modelo de negocio que fue creado con fines lícitos. En el caso de Panamá, el Gobierno debe velar por una industria sana y libre de prácticas reprochables que enloden los esfuerzos que el país ha hecho por cumplir con las regulaciones internacionales, que previenen delitos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. La palabra empeñada ayer por el Ejecutivo es sin duda un gran compromiso, del cual debemos estar vigilantes para que se cumpla. Hoy Panamá está en el centro de la tormenta, y quienes nos han colocado en ese lugar tienen el deber de dar explicaciones claras y sensatas. La investigación anunciada por el Ministerio Público debe llegar al fondo de estas serias acusaciones.