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Son 109 desaparecidos: médicos, sacerdotes, estudiantes, campesinos, obreros, padres y madres de familia, esposos y esposas, hijos y hermanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado al Gobierno seis meses para que negocie un acuerdo con los familiares de los desaparecidos durante el régimen militar. Desde entonces, la clase política tiene una enorme deuda con las víctimas y sus deudos. La total ausencia de una verdadera voluntad para aclarar estos crímenes es una afrenta a la dignidad nacional, así como es una vergüenza que en la morgue judicial, los restos de muchos panameños estén amontonados, desde hace años, a la espera de que algún burócrata autorice los fondos necesarios para investigar a quién pertenecen esos restos y darles paz a sus familiares que viven o han muerto con la incertidumbre de la suerte que corrieron sus desaparecidos. Le corresponde al Estado subsanar los horrores que causó la bota militar y el imperdonable olvido en post dictadura. Los familiares, que por años han buscado la misericordia de nuestros gobernantes hoy se ven obligados a exigir sus derechos –y los nuestros– de conocer la verdad. Dejarlos solos otra vez es un acto inhumano.