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Dilma Rousseff enfrenta hoy lo que podría definirse como la antesala de su posible destitución como presidenta de Brasil. Su popularidad –de menos del 10%– la tiene en una situación muy frágil frente a las acusaciones que enfrenta –haber enmascarado las cuentas públicas en 2014, cuando se decidió su reelección– y hoy la Cámara de Diputados decidirá si el impeachment [proceso de destitución] sigue hacia el Senado o es archivado. Lo que alega Rousseff para defenderse no es negar el maquillaje que hizo en 2014; por el contrario, sostiene que gobiernos anteriores y autoridades regionales y locales han utilizado la misma fórmula hasta el año pasado. Y por ello, dice, se quiere condenar a ‘una inocente’ y salvar a los corruptos. Estos juicios, sin duda, tienen tintes políticos, eso es inevitable. Pero, por otro lado, la justicia en Brasil se ha constituido en un ejemplo para América Latina, tras haber logrado importantes avances, pese al poder de las personas –políticos y empresarios– que han sido procesadas en los últimos meses. Si la presidenta Rousseff es culpable o no, es cosa que tendrá que decidir el Senado. Pero lo que sí se puede decir abiertamente es que Brasil está cambiando.