hoyporhoy

Si la delincuencia y la corrupción atraviesan fronteras sin mayores obstáculos, lo mismo ha de poder hacer la justicia. En el mundo globalizado el crimen transnacional no debe tener impunidad en ninguna jurisdicción. Como uno de los países clave en el comercio internacional, Panamá tiene la responsabilidad de ayudar activamente a prevenir y combatir aquellas acciones delictivas que involucran nuestro territorio, a los ciudadanos o residentes, y a la economía. Para esto existen una multiplicidad de acuerdos multilaterales, tratados bilaterales, acciones diplomáticas y la disposición del Gobierno de cooperar para defender la legalidad. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos son los principales actores llamados a ejecutar y a hacer viables las solicitudes de asistencia internacional en materia judicial, investigativa y tributaria. Son estas entidades las que deben cumplir con el derecho internacional. Ahora más que nunca, estas instituciones carecen de pretextos y de excusas para evadir el deber de ofrecer una cooperación efectiva e inmediata contra el crimen. Panamá no puede ser cómplice de la delincuencia.