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La ciudadanía está a la espera de noticias acerca de la orden de extradición del expresidente de la República Ricardo Martinelli. La Corte Suprema se ha comportado de forma ambigua y opaca, dando a entender que el trámite estaba en curso o que se estaban realizando gestiones preparatorias, lo cual parece no ser cierto. ¿Por qué usar estas tácticas dilatorias? Los magistrados deben entender que no solo le hablan a la sociedad por medio de sus fallos, como suele expresarse en el mundo jurídico, sino que también su silencio en temas tan sensibles y críticos puede ser ensordecedor. Existen explicaciones plausibles que justificarían el retraso en la ejecución de la solicitud de extradición, como por ejemplo, la más obvia: esperar hasta tener múltiples causas penales por las cuales solicitar la repatriación del diputado a fin de reducir las posibilidades de impunidad frente al máximo tribunal de justicia. Eso, empero, es mera especulación, pues la Corte no ha sido sincera ni con las autoridades ni con los denunciantes ni con las víctimas ni con la sociedad panameña. Esto es una enorme deslealtad procesal, al poner en la total oscuridad a los actores del proceso. La conclusión para la institucionalidad democrática no puede ser otra que el entendimiento de que nuestro poder judicial ni rinde cuentas ni explica sus actuaciones, y mucho menos se siente obligado a cumplir con su función de producir un bien para toda la nación: justicia. Necesitamos saber la verdad, y toda la verdad, sobre esa extradición, su retraso y el estado de sus casos. Y esa, no es información confidencial, nos atañe a todos.