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De loable pueden ser calificadas las acciones que adelanta el Gobierno en pro de trabajadores de las empresas que recientemente fueron incluidas en la Lista Clinton. Pero esa preocupación por un grupo específico de empresas debe ser manejada con prudencia, pues los mensajes que inevitablemente envía pueden ser malinterpretados, por muy buenas intenciones que la motiven, como por ejemplo dar la impresión de que el Gobierno quiere obviar decisiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ni este ni ningún otro gobierno ha enfrentado una situación similar, por lo que todo lo que haga el actual sentará precedentes y, por ser un problema inédito, se desconocen las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora. Esa incertidumbre que genera la inclusión de las empresas en una lista negra empieza a tener repercusiones para el Gobierno, como la emisión de bonos realizada por Tocumen, S.A., en la que la relación del Grupo Waked con el Estado provocó una merma que puso en peligro la emisión total. Si en algo debe estar trabajando el Gobierno es en medir el alcance del problema para todo el país, para el sistema bancario, para la economía, para sus ciudadanos y no concentrarse en un solo aspecto.