La promesa del proyecto Nuevo Curundú consistía en dotar de infraestructura moderna y construir un complejo habitacional que diera a los curundueños la posibilidad de tener una vida saludable. El marcado paternalismo de la obra pretendió resolver el largo arrastre de conflictividad social y de esquemas de convivencia inadecuados, únicamente por vía de entregar edificios nuevos y asignar más presencia policial a la comunidad. Ni la fragilidad del tejido social de familias fracturadas, ni los desafíos de insertar exitosamente en la economía a los ciudadanos de Curundú fueron atendidos por un gobierno más preocupado por cortar cintas que por fortalecer a la sociedad. Toda persona tiene el derecho inalienable de llevar una vida digna, dentro de una vivienda decente y con pleno acceso a todos los servicios básicos. Procurar esto con el paternalismo es una forma de corrupción, que acaba con las aspiraciones y las ansias de superación. Esto no es solidaridad sino, por el contrario, es la explotación de la miseria ajena para obtener un beneficio electoral.