Venezuela está muy próxima a entrar en un callejón sin salida. Las maniobras más recientes del presidente Nicolás Maduro y su camarilla le han restado sustento a la Constitución de ese país. Ellos persisten en irrespetar al poder legislativo, mayoritariamente opositor, y desconocer la voluntad pacífica de su propio pueblo. La comunidad internacional, los organismos de Derechos Humanos, y las naciones amigas y vecinas, han empezado a realizar llamados urgentes para una salida negociada a la crisis. A pesar de esto, Panamá ha olvidado el espíritu bolivariano, la doctrina panamericana, y la más mínima solidaridad. Nuestro Gobierno tiene el deber de plantarse firmemente y exigir, sin medias tintas, que se respeten los Derechos Humanos, y se mantenga el orden constitucional venezolano. El silencio y el lenguaje ambiguo de nuestra diplomacia pueden interpretarse como complicidad con el Gobierno de Caracas, quizás esperando la compensación millonaria de los empresarios que le dieron crédito a los regímenes de Chávez y de Maduro. ¿Qué es lo que Panamá busca con esta actitud? Parece que hemos olvidado, que quien negocia con dictadores, termina manchado de sangre.