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Por muchos años, Panamá ha sido reconocida como un centro financiero con grandes atractivos para la inversión internacional. Sin embargo, en los últimos días, el país se ha enfrentado a serios señalamientos por parte de la comunidad internacional, precisamente porque ha quedado en evidencia la falta de rigurosidad con la que, por más de tres periodos gubernamentales, los entes fiscalizadores han manejado sus instituciones. El papel que juegan estas instancias es imprescindible para garantizar una jurisdicción impermeable, de aquellos inescrupulosos que se vuelven expertos manipuladores de las leyes en beneficio propio y de su insaciable chequera, relegando a segundo plano la reputación del país. Los funcionarios de todas las agencias de control, más allá de cumplir un trámite burocrático, tienen el deber de velar por el cumplimiento estricto de la ley, la transparencia y el debido proceso. La laxitud en la aplicación de las normas y en la falta de certeza de un castigo ejemplar deben quedar en el pasado. Ser cómplices de la corrupción internacional e indiferentes ante la propia, no puede ser el futuro de Panamá.