El debate actual sobre el proyecto de ley 61, “por el cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud”, ha despertado fuertes pasiones y controversias acerca de su supuesto contenido y presuntos efectos. Este proyecto no legaliza el aborto libre en Panamá, tampoco obliga a los profesionales de la salud a realizar actividad alguna que contradiga su moral personal; no elimina la patria potestad ni, por supuesto, promueve ninguna de las conductas que muchos de sus detractores han afirmado. La ausencia de un diálogo abierto y democrático por parte de las fuerzas políticas del país ha propiciado que los rumores y prejuicios dicten la percepción que tiene la opinión pública sobre tan importante iniciativa. Si la ciudadanía decide rechazar este proyecto o desechar la propuesta de guía de educación sobre salud sexual y reproductiva, que lo haga con conocimiento de causa, producto de la lectura de estos documentos, y no de las manipulaciones y tergiversaciones promovidas por terceros. Esa es nuestra obligación y nuestro derecho. Seamos hombres y mujeres responsables, y actuemos como tales.