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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha echado mano de una herramienta legal inédita, una acción de clase, para proteger los intereses de los acreedores de una entidad financiera en riesgo. La acción de clase, para asuntos financieros, ha existido en nuestra legislación por 17 años, pero jamás se había empleado de esta forma. Independiente del resultado, la SMV demuestra fehacientemente que las autoridades cuentan con un amplio arsenal de medidas y mecanismos para proteger los bienes públicos, tutelar los derechos de los ciudadanos y perseguir los delitos y fraudes que se cometan en desmedro de toda la sociedad. Esto nos recuerda la obligación legal que tienen todas las agencias del Estado de denunciar penalmente el pillaje cometido por los gobiernos del pasado, e incluso de demandar civilmente para recuperar los sobrecostos y los fondos que fueron objeto de peculado. Es un buen día para la ciudadanía, cuando las instituciones como la SMV actúan con diligencia y creatividad para defender nuestros derechos. Ese es un ejemplo que los servidores públicos deben seguir.