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El régimen de propiedad horizontal ha obligado a numerosas familias a enfrentar a vecinos negligentes con las normas de seguridad, abusos por parte de juntas directivas espurias y todo tipo de conductas cuestionables que se transforman en una fuente ruinosa de conflictos permanentes. Las autoridades municipales y nacionales practican frecuentemente una indolencia que premia a los juega vivos y castiga a los decentes. El caso extremo del PH Crystal demuestra un fracaso de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la ley y tutelar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Solo la demolición de las obras irregulares y la certeza de un castigo ejemplar acabarán con el carnaval de terror en que se ha convertido la vida cotidiana en muchos condominios de nuestro país. Estas infracciones contra nuestros bienes comunes se repiten a diario en playas y parques, el Casco Antiguo y las áreas protegidas. La impunidad y el descaro se ven en cada esquina. El respeto a la ley es lo único que nos devolverá la civilidad como sociedad.