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Un diputado de gobierno se ha tomado el trabajo de redactar un anteproyecto de ley para que se cree un nuevo derecho, el llamado “derecho al olvido”. En pocas palabras significa borrar de internet toda referencia a acciones –obviamente, no las buenas–, cuando las personas que se sientan afectadas sin más trámite así lo exijan. Este “nuevo derecho” se enfrenta a otro de larga práctica: el “derecho a la memoria”. ¿Quién define quién es una persona u acto público? Solo imaginemos no poder leer las memorias de la Nación, esas que sufrirían menoscabo por arte y magia de su iniciativa legislativa. Los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados y a tener acceso a la memoria histórica del país. Si esta iniciativa hubiese sido una ley antes de internet –que es la excusa para crear esta iniciativa–, quizás no sabríamos todo lo que sabemos hoy sobre nuestros antepasados y por ende habríamos perdido parte de nuestra historia. Las nuevas tecnologías imponen nuevos retos y estos se enfrentan mediante remedios que son necesarios estudiarlos y evaluarlos antes de siquiera pensar en legislar de manera tan desproporcionada, comprometiendo el derecho a la libertad de expresión y de información. Señor diputado, usted y su suplente han demostrado una fijación en regular la libertad de expresión. Recuerde que al limitar el derecho fundamental que representa la libertad de expresión, se afecta el desarrollo de un auténtico proceso democrático.