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No conforme con su triste papel durante la pasada administración y los cuestionados y reiterados viajes al exterior, el presidente de la Corte Suprema de Justicia confiesa ahora, abiertamente y sin reparos, su desafío a la ley de Carrera Judicial. No es propio de un magistrado del máximo tribunal de justicia obrar con desapego a nuestro ordenamiento jurídico. Con el pretexto de la falta de recursos, José Ayú Prado decidió nombrar jueces y demás funcionarios para administrar el sistema penal acusatorio, que está por entrar a regir en el último distrito judicial del país, sin cumplir con los rigores que exige la norma para la selección de este personal. Flaco favor le hacen estas acciones a la ya deteriorada imagen de nuestra administración de justicia. Es vital que se destinen fondos para recursos, infraestructura y educación y así lograr una eficaz implementación de este nuevo esquema. De eso no hay duda, pero ¿a qué apuesta el magistrado presidente? Panamá cifra sus esperanzas en que, finalmente, la justicia funcione mediante el sistema penal acusatorio. Este inaceptable desafío no lo debemos tolerar.