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Los políticos insisten en sus viejas y gastadas prácticas de querer imponer, cuando su papel en una democracia es el de consensuar, consultar, llegar a acuerdos. Lo que han hecho los concejales del distrito capital, de buscar la manera de aumentar las contribuciones –en este caso de los impuestos de construcción– sin consultar con nadie es, desde todo punto de vista, cuestionable. Quizás la ley los faculte para hacer lo que han hecho, pero también deben aprender que ellos representan a sus votantes, a todos los que están en sus respectivos circuitos de votación. No pueden alegremente cambiar las reglas de un día para otro, ignorando ex profeso las consecuencias, justamente, para quienes votaron por ellos. Razón tiene el gremio patronal de la construcción en cuestionar y en hacer ver todo lo que pasará por una decisión inconsulta. Toca recordarle a los concejales que vivir en democracia conlleva responsabilidades para los políticos, porque su elección no es una carta abierta para hacer o deshacer. Los ciudadanos no solo somos a quienes ellos meten la mano en el bolsillo. Ahora exigimos cuentas y explicaciones, y lo más importante: tenemos el derecho inalienable de ser parte de las decisiones. La patria boba ya desapareció.