La respuesta contundente del exministro de la presidencia Demetrio Papadimitriu acerca de que sí se había comprado y recibido el equipo de escuchas telefónicas por parte del Gobierno panameño, debe servir para abrir múltiples investigaciones no solo para encontrar dicho equipo y quién lo está utilizando en la actualidad, sino también para adelantar las pesquisas referentes a qué sabían sobre este asunto los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional. Los ciudadanos de este país necesitamos que se investigue y se aclare este escándalo, y que de una vez por todas se establezca una normativa legal que clarifique cómo y para qué se puede usar este tipo de equipo en Panamá, y cuáles son los derechos que tiene la población para defenderse efectivamente de los posibles abusos de poder y las violaciones a la intimidad personal. Es en esta última tarea en que el gobierno actual no tiene que esperar al desarrollo completo de las acciones penales y administrativas, sino que debe actuar decisivamente en favor de las libertades públicas de todos los panameños. Secretos de Estado y delitos no son la misma cosa. Entenderlo hace posible las democracias.