El gasto gubernamental de algunas economías avanzadas durante la Covid-19 ha buscado proteger a los individuos de las consecuencias económicas de la pandemia, intentando revertir una tendencia a largo plazo sobre el impacto en retroceso institucional del contrato social. Según un reporte del McKinsey Global Institute, desde el principio de la Covid-19 las economías del G-20 han proveído tres veces más apoyo financiero que en la crisis financiera del 2008. Por otro lado, los gobiernos de 22 economías avanzadas han incrementado su inversión presupuestaria un 20% sobre el producto interno bruto ( PIB) del 2019 al 2020. En el caso de Canadá, el incremento del 2019 al 2020 fue del 39%.
El contrato social es un concepto amplio que abarca múltiples facetas de la vida cotidiana, incluyendo nociones de arreglos económicos, sociales y políticos, así como los valores, la justicia y otros aspectos que permitan una sociedad más justa, progresista y humana. Mientras un país incremente su nivel de intervención y apoyo a la población, la fortaleza del contrato con la sociedad se robustece.
Este apoyo se refleja en las políticas impulsadas por los gobiernos para proteger a trabajadores, consumidores, y ahorradores de las repercusiones de la pandemia. Para trabajadores, los gobiernos impulsaron iniciativas que permitieran retener los puestos de trabajo y garantizar seguridad económica. En Estados Unidos se implementó la Ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES): la cual incluía un esquema de retención laboral al crear un programa de protección con pagos a las pequeñas empresas, proporcionando fondos para pagar hasta ocho semanas de costos de nómina, incluidos beneficios.
En Europa se proveyeron dos planes de retención principales: Uno de trabajo de corta duración, que subsidian las horas no trabajadas (por ejemplo, Kurzarbeit en Alemania y chômage partiel en Francia), o planes de subsidio salarial, que subvencionan los salarios generales para incluir las horas trabajadas y las horas no trabajadas.
En suma, estas políticas han permitido a uno de cada cuatro trabajadores en países de la OCDE mantener sus empleos; lo que corresponde a 50 millones de trabajadores. En Europa, mientras que el PIB real disminuyó un 14% entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, el sector público cubrió una gran proporción del déficit. Por lo tanto, el empleo estuvo protegido y disminuyó un 3%, mientras que el ingreso real disponible cayó por un 5%.
En Estados Unidos, a pesar de que el PIB real se redujo un 10% entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 y el desempleo disminuyó en línea con la caída del PIB; el sector público apoyó a trabajadores a través de la expansión del seguro de desempleo y pagos únicos a hogares. Por ejemplo, 159 millones de pagos de $1,200 se realizaron a individuos con ingresos menores a $75,000; y 76% de trabajadores desempleados fueron elegibles para beneficios que pagaban un monto mayor a sus salarios.
Mientras algunos gobiernos de economías avanzadas (tales como las G-20) han enfocado sus esfuerzos en apoyar a los trabajadores y proteger otros aspectos del contrato social, la pregunta crítica para los próximos meses y años es si la nueva tendencia del fortalecimiento del contrato social retrocederá una vez que se amortigüe la crisis de la Covid-19, o si la intervención e implementación de políticas con apoyo económico seguirán siendo características permanentes de un contrato social renovado.
