Esta instancia tendrá entre 30 y 45 días para reunirse con los sectores interesados en la norma, a fin de rendir un informe que sirva de plataforma en la discusión del documento.
Los proyectos, que presentaron los legisladores Leandro Avila y José Luis Fábrega, fueron remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas, que aún no había recibido la propuesta.
Según Avila, su iniciativa no supone nuevos gastos gubernamentales, sino que advierte a los funcionarios con mando y jurisdicción que los despidos injustificados en los que incurran tendrán que ser cubiertos con una indemnización por parte del Estado.
“Si no hay despidos injustificados, no habrá que indemnizar a nadie; pero por otro lado, la ley actual contempla más de 20 causales de despido justificado. Lo que se quiere es que el servidor público de carrera solo sea removido si incumple con las funciones que se le asignan”, explicó el legislador del PRD.
Entre las consideraciones propuestas se establecen prerrogativas como la garantía de reintegro para el trabajador del sector público; igualmente, la aplicación de los derechos colectivos de sindicalización.
También se promueve el otorgamiento del derecho a prima de antigüedad y la liquidación del servidor estatal bajo consideraciones similares a las que establece el Código del Trabajo.
Por otro lado, el pleno de la Asamblea aprobó anoche en segundo debate el proyecto conocido como Ley de las Alturas, y derogó el artículo transitorio que objetó la ex presidenta Mireya Moscoso.
El proyecto pasará hoy a tercer debate. De igual forma, en esta fecha el Fiscal Electoral, Gerardo Solís, pedirá a la Asamblea que levante la inmunidad a 14 de sus miembros, a quienes se les investiga por diversas situaciones de corte electoral.
