La decisión del Juzgado Decimosexto de Control de Caracas de llamar a juicio al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, fue fundamentada en gran parte en dos análisis separados hechos a tres discursos del político y a los mensajes enviados a través de su cuenta de Twitter. Según el diario El Nacional, la conclusión de esos análisis fue que con su discurso López hizo que terceras personas actuaran de manera violenta durante las protestas del 12 de febrero.
“Todos estos actos fueron ejecutados como consecuencia de la persuasión e inducción realizada por Leopoldo López, quien ejerció una fuerte influencia no solo en su manera de pensar, sino en las potenciales acciones de sus destinatarios, quienes actuaron y cumplieron cabalmente el mensaje”, argumentó la Fiscalía durante la audiencia preliminar.
El pasado jueves, 5 de junio, tuvo lugar la audiencia preliminar de López –tras casi cuatro meses de estar detenido-, y ese día la juez ratificó los cargos de incendio, instigación, daños a la propiedad y asociación para delinquir, y mantuvo en prisión al opositor.
En declaraciones a El Nacional, el penalista José Tamayo cuestionó que a López no se le imputan delitos de difamación o injuria, es decir, delitos de opinión, sino delitos comunes en grado de determinador: “Es decir, la acusación se basa en algo que él dijo y que en la interpretación de terceras personas (expertos lingüistas) presuntamente llevó a otros a actuar de cierta manera”.
Según Tamayo, es absurdo apuntalar la presunta comisión de delitos de terceros con un informe semántico. “Ahora las opiniones no solo sirven para imputar delitos de opinión sino para delitos ordinarios. Esto criminaliza la opinión: cualquier cosa que diga cualquier persona puede ser utilizada como prueba de cualquier delito”.
El Nacional aseguró que el análisis semántico usado por la Fiscalía dice que López, como líder y por su capacidad de comunicación, pudo influir, mover y determinar hechos delictivos. La Fiscalía concluye, además, que “luego de contar el número de veces que López usó las palabras calle, gobierno, cambio, salida, Venezuela, y la expresión ´Tenemos que salir a conquistar la democracia´, eso derivó en hechos violentos”.
Para el abogado penalista Alberto Arteaga esas conclusiones de la Fiscalía son peligrosas porque ponen en riesgo la libertad de expresión. “El juicio a López es un juicio a la libertad de expresión”, advirtió Arteaga.
Luis Carlos Díaz, experto en nuevas tecnologías, aseguró que el caso López sienta un precedente sobre la criminalización de las ideas. “Es delicado que la justicia empiece a ver causas criminales en opiniones expresadas en redes sociales. Eso solo aumentaría el miedo y la autocensura en internet... quien pierde es la sociedad, porque terminan amenazando los espacios digitales y la libertad de expresión de la comunidad”, advirtió.
