Luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, reconociera ayer que las disputas judiciales por la ley de medios audiovisuales no han acabado y por tanto cualquiera de las partes puede efectuar nuevas acciones, el Grupo Clarín, principal opositor de la norma, confirmó que defenderá sus licencias ante la justicia.
Clarín, enfrentado duramente con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reiteró ayer que respetará el fallo de la Corte, que declaró constitucional la ley de medios, pero insistió en dejar abierto el camino para recurrir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Justicia, ya que dicha norma viola la libertad de expresión y afecta su sustentabilidad económica.
Lorenzetti, por su parte, precisó que “esto no termina acá. Cada parte tiene derecho a hacer valer lo que considera es su razón, en este caso el Grupo Clarín u otros medios”.
El titular de la Corte se refería al proceso de adecuación a la ley que deben encarar los grupos de medios después del fallo, según informó ayer el diario Clarín a través de su portal web.
Otro juez del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni –el más cercano a las posturas del Gobierno– señaló el pasado martes que hay que evaluar si el plazo de desinversión que prevé la norma (de un año) está vencido o no, pero evitó opinar, justamente, porque “por ahí estaría abriendo juicio sobre una cuestión judiciable”, detalló Clarín.
DENUNCIAN PACTO
Por otra parte, Lorenzetti salió al paso a los señalamientos de que la Corte hizo un “pacto” con el Gobierno para declarar la constitucionalidad de la ley de medios.
En efecto, luego de conocerse el fallo, la diputada Elisa Carrió, de la alianza de centroizquierda Unen, reelecta en las elecciones legislativas del domingo pasado, denunció un “pacto” entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal.
Según Carrió, Lorenzetti pactó con el Gobierno para mantener el control sobre los fondos judiciales de una reforma impulsada por el Ejecutivo, pero declarada inconstitucional por la Corte.
Incluso, la legisladora anunció que promoverá el juicio político contra el magistrado.
“Quiero que quede claro que la Corte no hizo ningún pacto con nadie. ¿Cómo vamos a hacer un pacto sobre esto que es tan complejo? Es un fallo de 400 páginas, hemos trabajado muchísimo”, respondió, por su parte, Lorenzetti.
“Yo quiero darle tranquilidad a la gente de que la Corte sigue siendo la misma y hemos utilizado conceptos históricos sobre propiedad y libertad de expresión. No hay nada que yo haya firmado que no esté en mis libros [...] todo el mundo sabe lo que hacemos, no manejamos la caja del Poder Judicial ni peleamos por ella; no tenemos tiempo ni interés”, agregó.
Además de la diputada Carrió, el diario La Nación, también crítico del Gobierno, publicó ayer que “las versiones más creíbles, aunque negadas por la Casa Rosada, indicaban ayer (martes) que el fallo de la Corte Suprema que convalidó la constitucionalidad de la ley de medios fue negociado desde hace más de tres meses por la propia Presidenta, que ahora está con reposo médico”.
Sin embargo, diferentes voceros del Gobierno se congratularon por el fallo, mientras que miles de argentinos se concentraron la noche del pasado martes frente al Congreso para celebrar.
“Ahora, con el fallo, queda claro que no hay conflictos con la libertad de expresión” y “ya no hay nada que impida aplicar la plenitud de la ley”, dijo, por ejemplo, el influyente senador oficialista Aníbal Fernández.
En cambio, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró que la sentencia habilita el objetivo del Gobierno de “desguazar” al grupo multimedios y que no se tuvo en cuenta “el estado de la libertad de expresión en Argentina”.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar, pero sucesivas medidas cautelares frenaron hasta hoy su completa implementación.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo de 35% del mercado en cobertura de televisión abierta y 35% de abonados en televisión por cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El fallo de la Corte declaró constitucionales los polémicos artículos 41, 45, 48 y 161.
A raíz del fallo, el Grupo Clarín se verá obligado a “desinvertir”, ya que sobrepasa el número de empresas permitidas para un solo grupo mediático por la nueva ley.