El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Manuel Martínez informó, el lunes, que no convocará a la sesión en que se debía elegir la nueva dirección de ese órgano para, dijo, no legitimar un decreto del mandatario, Daniel Ortega, que prorroga en sus cargos a diferentes autoridades.
A tres magistrados de la corte, entre ellos dos sandinistas, se les venció el período de funciones el 11 de abril pasado, pero continúan en sus cargos en base a un decreto del presidente, Daniel Ortega, que la oposición liberal en el legislativo califica de “ilegal”.
En un mensaje dirigido a la nación, Martínez dijo que no convocará al pleno de la corte debido a ese hecho, y “para no dar lugar a que se viole una vez más el orden legal de la institución”.
El presidente de la Corte Suprema afirmó que tomó esa decisión porque los magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, a quienes se les venció el período de servicio, han manifestado que asistirían a una sesión si la convocara.
Agregó que Solís y Cuadra han insistido ante los medios que aprovecharían la sesión, además, para validar sus puestos y ratificarían la reelección de Ortega y el decreto emitido por este para prorrogarles el período en sus cargos.
Martínez señaló que “con ello viciarían de nulidad lo que en dicha sesión se acordaría” y su intención, al no convocar al pleno del máximo tribunal, es “no dar lugar a que se viole una vez más el orden legal”.
La Constitución establece que la Corte Suprema debe estar integrada por 16 magistrados electos por el legislativo. El quórum para que esté el pleno es la mitad más uno.
