El gobierno de Laura Chinchilla optó por atacar el problema fronterizo por dos vías. Y mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaba ayer en manos de los cancilleres la búsqueda de una solución y pedía diálogo y “voluntad” a ambas partes, el Gobierno tico demandaba ayer mismo a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por los daños ambientales causados a un humedal fronterizo.
Fuentes diplomáticas señalaron que la demanda incluye una denuncia por violación a la soberanía, pues San José afirma que Nicaragua pretende construir, en su territorio, un canal de tres kilómetros para desviar el cauce del fronterizo río San Juan y su desembocadura al mar Caribe.
El gobierno Chinchilla asegura que el dragado que Nicaragua realiza en el río San Juan y la construcción del canal han causado un daño ecológico grave a los humedales de la Isla Calero, que forman parte de un refugio de vida silvestre y que además están protegidos desde 1996 por la Convención Ramsar.
Costa Rica espera que la CIJ emita medidas cautelares contra Nicaragua para que detenga la tala de árboles en Calero, a pesar de que Managua asegura que ese territorio le pertenece.
Por su parte, la OEA aprobó en una sesión extraordinaria, convocada a petición de Costa Rica, una resolución en la que convoca el 7 de diciembre a los cancilleres a una reunión.
En el texto, aprobado con 22 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra, los países instruyen a sus cancilleres que escuchen ese día un nuevo informe del secretario general, José Miguel Insulza, consideren la situación en la zona limítrofe y acuerden las medidas que convenga adoptar para impulsar una solución a la crisis.
