El presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, y sus aliados consideraron ayer “ilegal” la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya un día después de que su fiscal general, Luis Moreno Ocampo, solicitara una orden de captura contra el mandatario por genocidio en la convulsa región sudanesa de Darfur.
Ministros, sindicatos, funcionarios provinciales y letrados manifestaron ayer en Jartum su solidaridad con Al Bashir. El vicepresidente Ali Osman Mohammed Taha anunció que el Gobierno buscará el apoyo de países árabes y africanos para afrontar la solicitud.
Según Taha, los asesinatos en Darfur comenzaron mucho tiempo antes de la toma de posesión de Al Bashir, a quien no se le puede echar la culpa. El gobernador de Darfur sur, Ali Mahmud Mohammed, aseguró que en su región hay mil “guerreros de Dios” dispuestos a defender al presidente. El gobernador de la provincia Sennar, Ahmed Abbas, consideró la orden del fiscal un “ataque al islam” y pidió “la Guerra Santa contra Occidente”.
Los grupos rebeldes en Darfur, por el contrario, celebraron la noticia como una “victoria de la humanidad” en la región, según una declaración del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM, en sus siglas en inglés).
Si se emite una orden de detención contra el presidente, también el Gobierno de Sudán será ilegal, en cuyo caso debería formarse un gobierno sudanés de unidad nacional en el exilio, afirmó el SLM.
